IGJ pasa a un control antilavado basado en riesgo y alivia trámites a las sociedades

La Inspección General de Justicia publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución General 12/2026, que reescribe el régimen de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación para las entidades que registra. El organismo reemplaza la exigencia documental generalizada por la verificación de lo declarado y controles focalizados según el riesgo, en línea con las recomendaciones del GAFI.

Desde ahora, la declaración jurada sobre el origen de los fondos en la constitución o en los aumentos de capital de sociedades se exige solo para aportes en efectivo que superen el equivalente a 120 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, y no se requiere cuando se integran por depósito o transferencia desde una cuenta bancaria del aportante.

Además, las declaraciones juradas anuales de cumplimiento se unifican en un solo artículo, con vencimiento el último día hábil de abril, y se refuerza la información sobre beneficiarios finales, que deberá actualizarse dentro de los 30 días de cualquier cambio.

La norma deroga el Manual de Prevención de 2015 (RG IGJ 10/15), da 180 días sin sanciones a las entidades ya inscriptas para adecuarse y entra en vigencia a los 30 días corridos de su publicación.